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Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de la quiebra de los sistemas públicos de pensiones. El sistema de pensiones de reparto que ha prevalecido a lo largo de todo este siglo tiene una falla fundamental, originada en una concepción errónea del comportamiento humano: destruye el vínculo entre contribuciones y beneficios, en otras palabras, entre responsabilidades y derechos. Cuando esto sucede en una escala masiva y durante un período largo de tiempo, el resultado final es un desastre.
por José Piñera
Dos factores exógenos agravan los resultados de este error estructural. Primero, la tendencia demográfica mundial hacia una caída en la tasa de natalidad y, segundo, los avances médicos que alargan la vida de las personas. Por lo tanto, cada vez serán menos los trabajadores activos en relación al número de personas jubiladas. Puesto que tanto el alza de la edad de jubilación como aquella de las cotizaciones tienen un límite, tarde o temprano el sistema tiene que reducir los beneficios prometidos, señal inequívoca de un sistema en bancarrota.
Bien se reduzcan los beneficios mediante la inflación, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, bien mediante cambios legislativos, el resultado final para el trabajador jubilado es el mismo: ansiedad en su edad avanzada, creada, paradójicamente, por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de "seguridad social".
En 1980 el gobierno chileno decidió "agarrar el toro por las astas". Una reforma radical sustituyó un sistema de pensiones operado por el gobierno por un sistema nacional de capitalización individual administrado por empresas privadas.
Después de 16 años de operación los resultados hablan por sí mismos. Las pensiones en el nuevo sistema privado son ya entre 50 y 100 por ciento más altas. Los recursos administrados por los fondos de pensiones ascienden a los 25 mil millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 40 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB). Más aún, al mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y de capital, el nuevo sistema de pensiones ha sido una de las reformas claves que ha elevado el crecimiento de la economía desde un 3 por ciento histórico por año a un 7.0 por ciento promedio durante los últimos 12 años. También es cierto que la tasa de ahorro chilena ha aumentado al 27 por ciento del PNB y la tasa de desempleo ha bajado al 5 por ciento desde que se realizó la reforma.
Las pensiones han dejado de ser un problema gubernamental, despolitizando así a un gran sector de la economía y permitiendo a los individuos tener mayor control sobre sus vidas. El defecto estructural ha sido eliminado y el futuro de las pensiones depende del comportamiento individual y del desarrollo de los mercados.
El éxito del sistema privado de pensiones chileno ha llevado a otros siete países latinoamericanos a imitarlo. Hace tres años, Argentina, Perú y Colombia adoptaron una reforma similar. En 1995, Uruguay realizó también una reforma similar, aunque muy parcial. Y en 1996, México, Bolivia y El Salvador aprobaron leyes que crean sistemas de pensiones de capitalización individual, que se pondrán en marcha en 1997.
La reforma chilena está sirviendo de modelo a muchos países del mundo. Incluso en los Estados Unidos se está empezando a debatir seriamente la privatización del sistema público de pensiones que seimplantó allí hace más de 60 años y que ha llegado a constituir el mayor programa gubernamental, con un gasto superior a los 350 mil millones de dólares anuales (un gasto superior al presupuesto de defensa durante la Guerra Fría).
Sirva como indicación del poder de las ideas decir que hasta expertos de la República Popular China han venido a Chile para estudiar el sistema privado de pensiones. Uno de los resultados es esta disputa particularmente interesante que ha sido reportada por The Economist:
Usualmente hay más acritud que comedia en la larga lucha entre Inglaterra y China sobre el futuro de Hong Kong. No obstante, una sonrisa pudo haber aparecido en la cara de Chris Patten, gobernador de Hong Kong, al frustrar China sus planes de introducir un sistema de pensiones de reparto en la colonia. Zhou Nan, el representante de la China comunista en Hong Kong señaló que el Sr. Patten, quien es un conservador británico, estaba tratando de traer "costosas ideas eurosocialistas" a Hong Kong [11 de Febrero de 1995].
Es posible que antes de entrar en el nuevo milenio, varios otros países, incluyendo todos los del continente americano, hayan privatizado sus sistemas de pensiones. Esto representaría una devolución masiva de poder del Estado hacia los individuos, promoviendo así la libertad, el crecimiento económico, y evitando la pobreza, especialmente durante la vejez.
El modelo chileno
Bajo el sistema de capitalización individual, lo que determina el nivel de la pensión de un trabajador es el capital que éste acumula durante su vida de trabajo. Ni el trabajador ni el empleador contribuyen al Estado. Tampoco cobra el trabajador una pensión gubernamental al jubilarse. En cambio, a lo largo de su vida como trabajador, ahorra obligatoriamente un 10 por ciento de su sueldo. El empleador deposita mensualmente esa cantidad en una cuenta de capitalización individual que pertenece al trabajador. Este porcentaje se aplica solamente a los primeros 25.000 dólares de ingresos anuales. De tal manera que, a medida que suben los salarios, los trabajadores tienen mayor libertad para realizar contribuciones voluntarias.
Un trabajador puede contribuir un 10 por ciento adicional de su salario mensual, que también está exento de impuestos, a una cuenta de ahorro voluntario, si es que desea jubilarse prematuramente u obtener una pensión más alta.
El trabajador elige una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para administrar su cuenta de capitalización individual. Estas compañías no pueden realizar ningún otro tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por parte del gobierno para que garanticen una cartera diversificada de bajo riesgo, y para prevenir el robo o el fraude. Una entidad gubernamental independiente, la Superintendencia de AFP, que es altamente técnica, fue creada para ejercer esta labor. Por supuesto, existe ingreso libre a la industria de las AFP.
Cada AFP opera el equivalente a un fondo mutuo que invierte en acciones, bonos y otros instrumentos financieros que se transan en mercados formales. Las decisiones de inversión son realizadas por cada AFP. La ley establece los límites máximos tanto para los tipos de instrumentos como para la composición total de la cartera. No hay obligación alguna de invertir en bonos gubernamentales. La AFP y el fondo mutuo que ella administra son dos entidades distintas. Esto es así para evitar que las inversiones del fondo mutuo, que son propiedad de los trabajadores afiliados, se vean afectadas, en caso de que una AFP quiebre.
Los trabajadores tienen la libertad de cambiarse de una AFP a otra. Por esta razón existe una competencia entre las compañías por lograr mejores retornos, elevar la calidad del servicio, y cobrar comisiones más bajas. Al afiliarse, cada trabajador recibe una libreta en la cual puede actualizar sus saldos de capital cuando así lo desee, y además la AFP está obligada a enviarle cada tres meses un estado de cuenta que le informa cuánto ha acumulado, las contribuciones acreditadas y el rendimiento de sus fondos. Tanto las cotizaciones del trabajador como las ganancias de las inversiones de la cuenta de capitalización individual están libres de impuestos. Al jubilarse el trabajador, paga impuestos a la renta sobre la cantidad que retira como pensión.
La reforma chilena incluyó a los trabajadores del sector privado y del público. Los únicos excluídos fueron los miembros de la policía y de las fuerzas armadas, cuyo régimen de pensiones está diseñado como parte de su salario y sistema de trabajo. (Aunque en mi opinión les iría mejor con una cuenta de capitalización individual.) Todos los trabajadores dependientes deben tener una cuenta de capitalización individual. Los trabajadores independientes pueden, si así lo desean, entrar en el sistema de capitalización individual, lo que provee un incentivo a los trabajadores informales para que se unan a la economía formal.
Existe una pensión mínima garantizada por el Estado, y financiada con recursos tributarios generales, para todo trabajador que haya aportado durante un mínimo de 20 años al sistema de cuenta individual. (Aquellos trabajadores que no han cotizado durante 20 años pueden solicitar, si lo requieren, una pensión asistencial de menor nivel.)
El sistema también incluye un seguro contra la muerte prematura y la invalidez. Cada AFP ofrece esta cobertura a sus clientes, obteniendo un seguro de vida y de invalidez colectivo de una compañía de seguros privada. Esta cobertura se paga con una contribución adicional del trabajador, actualmente de aproximadamente un 2,9 por ciento de su salario, que incluye la comisión para la AFP.
El nivel de ahorro obligatorio del 10 por ciento fue calculado asumiendo un rendimiento real durante toda la vida laboral del 4 por ciento anual, de tal manera que el trabajador común acumule dinero suficiente en su cuenta de AFP como para obtener una pensión de alrededor del 70 por ciento de su salario final.
La denominada edad legal para la jubilación es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Estas edades, que eran las edades de jubilación tradicionales en el sistema de reparto, no se discutieron en la reforma, dado que no son caraterísticas estructurales del nuevo sistema. Pero el significado de la palabra "jubilación" en el sistema de capitalización individual es diferente al tradicional. Primero, los trabajadores pueden continuar trabajando después de la edad legal de jubilación. Si lo hacen, pueden retirar mensualmente de su cuenta la pensión correspondiente y no tienen la obligación de seguir ahorrando el 10 por ciento de su salario. Segundo, los trabajadores con ahorros suficientes en sus cuentas como para disponer de una pensión equivalente al 50 por ciento de su salario promedio durante los diez últimos años (siempre y cuando sea superior a la pensión mínima) pueden elegir jubilarse prematuramente.
El significado real del umbral de los 65 ó 60 años es el siguiente: a) Hasta esa edad el trabajador debe continuar ahorrando un 10 por ciento de su salario a su cuenta de capitalización individual, a no ser que haya elegido la jubilación prematura (significando la posibilidad de retirar su dinero mediante una pensión mensual, sin que ello implique necesariamente su retiro de la fuerza laboral); b) Para recibir la pensión mínima garantizada por el Estado, si fuera necesario, el trabajador debe llegar a esa edad.
Pero de ninguna manera hay una obligación de dejar de trabajar a ninguna edad, ni tampoco de continuar trabajando o ahorrando una vez que se haya asegurado una pensión "razonable".
Algunas personas desean trabajar para siempre; otras quieren dedicarse lo antes posible a su vocación verdadera o a sus pasatiempos. El sistema de reparto no permite la satisfacción de estas preferencias individuales, excepto a través de la presión colectiva para obtener, por ejemplo, una edad de jubilación prematura para grupos de votantes poderosos. En otras palabras, la realidad tiene que ser mutilada, pagándose así un precio en términos de felicidad humana.
El sistema de capitalización individual, por el contrario, permite que las diferentes preferencias personales se traduzcan en decisiones individuales que produzcan el resultado deseado. En las sucursales de muchas AFP hay terminales de computadoras que permiten al trabajador calcular el valor de su futura pensión y la fecha en que quiere jubilarse. El trabajador puede señalar el monto de la pensión que espera recibir y pedirle a la computadora que le indique cuánto debe depositar mensualmente para alcanzar esa meta a la edad en que desea jubilarse. Por supuesto, él puede ajustar sus decisiones a medida que pasa el tiempo, dependiendo del rendimiento de su fondo de pensión. Lo fundamental es que el trabajador puede determinar la edad de jubilación que desea, de la misma manera que una persona puede hacerse un traje a la medida.
Al jubilarse, el trabajador puede elegir entre dos mecanismos. En un primer caso, un jubilado puede usar los ahorros en su cuenta de capitalización individual para comprar una pensión vitalicia (para él y sus dependientes) con una compañía de seguros privada, la cual le garantiza un ingreso mensual constante de por vida, actualizado por la inflación (el mercado de capitales chileno ofrece bonos indexados para que las compañías puedan realizar sus inversiones). La otra alternativa para el jubilado es dejar sus fondos en la cuenta de capitalización individual y hacer retiros programados, los cuales están sujetos a límites basados en las expectativas de vida del jubilado y de sus dependientes. En este caso, si él muere, los fondos restantes en su cuenta forman parte de su herencia. En ambos casos, un jubilado puede retirar de golpe los fondos en exceso de aquellos necesarios para obtener una pensión vitalicia o retiros programados mensuales equivalentes al 70 por ciento de sus últimos salarios.
Con el sistema de capitalización individual, la población activa no subsidia las pensiones de los jubilados. Por lo tanto, en contraste con el sistema de reparto, no existe el conflicto intergeneracional y la eventual bancarrota a medida que envejece la población.
La cuenta de cada trabajador es totalmente portátil. Dado que los fondos deben ser invertidos en instrumentos comerciables, la cuenta de capitalización individual tiene un valor diario y por lo tanto es fácil de transferir de una AFP a otra. Al no entorpecer la movilidad del trabajador tanto dentro de un país como internacionalmente, el sistema de capitalización individual ayuda a crear flexibilidad en el mercado laboral, y no subsidia ni penaliza a los inmigrantes.
Las personas optan cada día más por trabajar unas cuantas horas al día o bien interrumpir sus vidas laborales, especialmente en el caso de las mujeres y de la gente joven. En los sistemas de reparto estos estilos flexibles de trabajo crean el problema de llenar los espacios en las cotizaciones. Esto no sucede con el esquema de capitalización individual en el cual las cotizaciones interrumpidas no representan ningún problema.
La Transición
Un desafío es definir un sistema de capitalización individual; otro, en países donde ya tienen un sistema de reparto, es diseñar la transición al sistema de capitalización. Por supuesto, la transición debe tomar en cuenta las características particulares de cada país, especialmente las necesidades referentes a la situación presupuestaria.
En Chile definimos tres reglas básicas para la transición:
1. El gobierno garantizó a los jubilados que sus pensiones no serían afectadas por la reforma, ya que sería injusto reducirles sus beneficios a esta altura de sus vidas.
2. Todo trabajador que estuviese cotizando en el sistema de reparto tuvo la opción de quedarse en ese sistema o de cambiarse al nuevo sistema de capitalización individual. Aquellos que dejaron el sistema antiguo para entrar al nuevo recibieron un "bono de reconocimiento". (Este bono cero cupón estáindexado y tiene una tasa de interés real del 4 por ciento.) El gobierno lo paga cuando el trabajador llega a la edad legal de jubilación. Los bonos se pueden transar en los mercados de capitales secundarios, de tal manera que se pueden utilizar para obtener una jubilación adelantada. Este bono refleja los derechos adquiridos anteriormente bajo el sistema de reparto. De esta manera, un trabajador que hubiera cotizado durante años no tuvo que empezar de cero cuando entró en el sistema nuevo.
3. Las personas que se van incorporando a la fuerza laboral ingresan al sistema de capitalización individual. La puerta del sistema de reparto se cerró dado que era insustentable. Este requisito asegura el fin definitivo del sistema antiguo una vez que el último trabajador que permaneció en el mismo alcance la edad de jubilación (de ahí en adelante, y durante un período de tiempo limitado, el gobierno sólo tiene que pagar las pensiones).
Después de varios meses de debate nacional sobre las reformas propuestas y un enorme esfuerzo educativo y de comunicación con el fin de explicar el nuevo sistema a la gente, la ley de reforma de las pensiones fue aprobada el 4 de Noviembre de 1980. (La economía política de esta reforma esta narrada en mi libro, El Cascabel al Gato, 1991).
La ley estableció una fecha clara de inicio (1 de Mayo de 1981) del nuevo sistema de AFP. En Chile, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, el día 1 de Mayo es el día del trabajo. Los símbolos son importantes y escogimos esta fecha de nacimiento del sistema privado de pensiones para permitirle a los trabajadores celebrar ese día no como uno de lucha de clases, sino como el día en que ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de "las cadenas" del seguro social estatizado.
Junto con la creación del nuevo sistema, se terminó con la ilusión de que hay tanto una cotización empresarial como una cotización del trabajador al seguro social. Desde un punto de vista económico, todas los aportes son finalmente pagados por la productividad marginal del trabajo, dado que el empresario considera todos los costos laborales--ya sean las cotizaciones al seguro social o el salario--al tomar las decisiones sobre contratación y pagos. Para la transición se redefinió la cotización empresarial como salario bruto y de allí se deduce el aporte del trabajador. El sistema hace evidente y transparente que todas las cotizaciones las paga el trabajador y evita la manipulación política de las tasas. Por supuesto, el nivel final de los salarios es determinado por las fuerzas del mercado.
El financiamiento de la transición es un asunto muy técnico que cada país debe resolver de acuerdo a su propia realidad. El Banco Mundial (en Envejecimiento Sin Crisis, 1994) estimo la deuda implícita del sistema chileno de reparto en 1980 en alrededor del 80 por ciento del PNB. (El valor de esa deuda se había reducido con un ajuste al sistema de reparto dos años antes, especialmente con la eliminación de los regímenes especiales.) El mismo estudio afirma que "Chile demuestra cómo un país con un sistema bancario razonablemente competitivo, un mercado de capitales que funciona bien, y estabilidad macroeconómica puede financiar déficits de transición grandes sin repercusiones considerables sobre las tasas de interés."
Chile utilizó cinco métodos simultaneamente para financiar la transición al sistema de capitalización individual:
1. Como los aportes que se necesitan en el sistema de capitalización individual para financiar pensiones adecuadas son inferiores a aquéllos en el sistema público, la diferencia entre ambos se utilizó temporalmente como una tasa de aporte a la transición sin reducir los salarios netos o incrementar los costos laborales para el empresario.
2. El financiamiento de la transición se compartió con generaciones futuras a través de emitir bonos del estado a tasas de interés del mercado. Estos bonos a largo plazo fueron comprados principalmente por las AFP como parte de sus carteras de inversión. Cabe destacar que ésta no es una "deuda nueva" sino sólo el reconocimiento de una fracción de la "deuda implícita" del sistema de reparto.
3. La necesidad de financiar la transición fue un incentivo importante para reducir el excesivo gasto gubernamental. Durante años, el director de presupuestos pudo utilizar este poderoso argumento para rechazar nuevos gastos o para reducir programas gubernamentales innecesarios. Por lo tanto, el Estado ha contribuído de manera importante al incremento del ahorro nacional, otro efecto indirecto de la reforma de las pensiones.
4. El incremento en el crecimiento económico promovido por el sistema de capitalización individual hizo aumentar a su vez las recaudaciones tributarias. Cabe destacar que Chile está teniendo un superávit anual de alrededor del 2-3 por ciento del PNB en su presupuesto fiscal.
5. Cinco años después de haberse iniciado el nuevo sistema, y una vez que los fondos de pensiones habían acumulado recursos sustanciales, comenzaron a privatizarse las grandes empresas estatales. Los recursos obtenidos por el Estado no fueron cuantiosos, ya que las empresas no estaban en buenas condiciones al privatizarse, pero contribuyeron marginalmente a financiar la transición.
Los Resultados
El sistema chileno privado de pensiones ya administra un fondo de inversiones de 25 mil millones de dólares. Esta inversión de capital a largo plazo no sólo ha ayudado a fomentar el crecimiento económico, sino que también ha estimulado el desarrollo de instituciones y mercados financieros eficientes. La decisión de crear el sistema de capitalización individual en primer lugar y de privatizar las grandes empresas públicas después resultó en una "secuencia virtuosa". Le ofreció a los trabajadores la oportunidad de beneficiarse del aumento en la productividad de las compañías privatizadas al permitirles, gracias a una subida en los precios en las acciones, capturar una parte apreciable de la riqueza creada durante el proceso de privatización.
Existen alrededor de 15 AFP. Algunas pertenecen a conglomerados bancarios o de seguros. Otras son propiedad de los trabajadores o están ligadas a asociaciones empresariales. Algunas incluyen la participación de compañías financieras internacionales, como lo son AIG, Aetna, Citicorp, y el Banco Santander. Algunas de las AFP más grandes se cotizan en la bolsa de valores chilena y, recientemente, una de ellas hizo una emisión de ADR en Wall Street (ayudada por la clasificación crediticia de los bonos del estado chileno de "A-").
Uno de los resultados notables del nuevo sistema ha sido el incremento en la productividad del capital en la economía chilena y, por lo tanto, la tasa de crecimiento económico. Los fondos de pensión privados han hecho al mercado de capitales más eficiente y han afectado fuertemente su crecimiento en los últimos años. Los vastos recursos que las AFP administran han promovido la creación de nuevos instrumentos financieros. Otra de las contribuciones de la reforma de las pensiones a la operación solvente y transparente de los mercados de capital ha sido la creación de una industria doméstica de clasificación de riesgo y la mejora de la dirección corporativa. (Las AFP nombran directores externos independientes en las compañías en las que tienen acciones.)
Desde que el sistema empezó a operar el 1 de Mayo de 1981, la rentabilidad promedio en términos reales (por encima de la inflación) ha sido del 12 por ciento anual (tres veces mayor que el rendimiento del 4 por ciento estimado). Por supuesto, el rendimiento anual ha mostrado las oscilaciones intrínsecas al libre mercado--yendo de menos 3 por ciento a más del 30 por ciento en términos reales--pero lo que cuenta es el rendimiento promedio a largo plazo.
Las pensiones bajo el sistema de capitalización individual han sido significativamente más altas que bajo el sistema antiguo que administraba el Estado, el cual requería de un impuesto al salario del 25 por ciento. Según Sergio Baeza, coeditor del libro Quince Años Después: Una Mirada Al Sistema Privado de Pensiones (1995), el jubilado promedio de una AFP ya está recibiendo una pensión igual al 78 por ciento de sus ingresos anuales promedios durante los últimos 10 años de su vida laboral. Adicionalmente, los trabajadores, al jubilarse, tienen la posibilidad de retirar sus "excesos de ahorros" (aquellos que estén por encima del umbral del 70 por ciento del salario). Si se incluyese ese dinero en el cálculo del valor de la pensión, el valor total de ésta se acercaría al 84 por ciento del salario. Los beneficiarios de las pensiones de invalidez o de desempleo también reciben en promedio 70 por ciento de sus salarios.
Así el nuevo sistema de pensiones ha contribuído significativamente a reducir la pobreza al incrementar la certeza y el valor de las pensiones de vejez, de viudez, orfandad, e invalidez. También ha contribuído mediante el efecto indirecto pero muy poderoso de incrementar el crecimiento económico y el empleo.
El nuevo sistema ha eliminado la inequidad del sistema antiguo. Algunas personas creen que los esquemas de pensiones de reparto redistribuyen los ingresos desde los trabajadores ricos hacia los más pobres. Sin embargo, varios estudios recientes demuestran que, una vez tomadas en cuenta ciertas características relativas a los ingresos de los trabajadores y al funcionamiento del sistema político, los sistemas públicos generalmente redistribuyen el ingreso hacia los grupos de trabajadores más ricos y poderosos.
Conclusión
No es sorprendente entonces que el sistema de capitalización individual en Chile haya demostrado ser tan popular y haya ayudado a promover la estabilidad del país. Los trabajadores aprecian que el sistema es justo y que a través de sus cuentas de pensiones tienen un interés directo y visible en la economía. Como una fracción sustancial de las acciones emitidas por las compañías chilenas más grandes pertenecen a los fondos de pensiones privados, los trabajadores son de hecho inversionistas en la prosperidad del país.
Cuando el sistema de capitalización individual se inauguró en Chile en 1981, los trabajadores tuvieron la opción de entrar al nuevo sistema o de permanecer en el antiguo. Medio millón de trabajadores (una cuarta parte de la fuerza laboral) se afilió al nuevo sistema en tan sólo el primer mes. Hoy día, el 93 por ciento de los trabajadores están en el sistema de capitalización individual.
A medida que vaya desapareciendo el sistema de pensiones estatal, los políticos ya no decidirán acerca de las pensiones. Así, las pensiones ya no serán un tema de conflicto político y de demagogia en tiempos de elección, como lo fueron en el pasado. Los ingresos de una persona al jubilarse dependerán de su propio trabajo y del éxito de la economía, no del gobierno o de las presiones de ciertos grupos de interés.
Para los chilenos las cuentas de pensiones representan ahora derechos de propiedad reales y visibles, y son las fuentes de seguridad para el retiro. Se ha calculado que el activo más importante del chileno promedio ya no es su auto usado o su pequeña casa (probablemente todavía hipotecada), sino el capital en su cuenta de capitalización individual.
Finalmente, el sistema de pensiones privado está teniendo consecuencias políticas y culturales importantes. Los trabajadores chilenos eligieron cambiarse al nuevo sistema, a pesar de que conocidos líderes sindicales y políticos les recomendaron que no lo hicieran. Pero los trabajadores se preocupan mucho sobre los asuntos relacionados con sus vidas, tales como las pensiones, la educación, y la salud. Por consiguiente, basan sus decisiones sobre estos temas pensando en sus familias y no según las tendencias políticas del momento.
Efectivamente, el nuevo sistema de pensiones le da a los chilenos un lazo personal con el desarrollo de la economía. El trabajador chileno promedio no es indiferente al comportamiento de la Bolsa de Valores o a las tasas de interés. Cuando los trabajadores sienten que son dueños de una fracción del país, no a través de los líderes del partido ni a través de un Politburó, ellos comprenden y se adhieren en mayor medida al libre mercado y a los valores de una sociedad libre.
Esta es una historia breve de un sueño que se ha hecho realidad. La lección final es que las únicas revoluciones con éxito son aquellas que confían en el individuo y en las maravillas que el individuo puede hacer cuando es libre.
Publicado por Licenciatura en Gerontología el día: Agosto 1, 2005 07:55 PM