|
Las políticas públicas para los adultos mayores apuntan a mejorar su situación económica y social, pero para algunas ONG no son suficientes.
Buenos Aires, octubre de 2005 (RIS- Argentina)
Desde el Estado, ya sea a nivel nacional o provincial, se impulsan diversas iniciativas destinadas a asistir a los adultos mayores. Pero para las organizaciones sociales, la mayoría de las políticas públicas apuntan a atender las necesidades más urgentes y no a promover a ese grupo humano.
El Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante desde agosto de 2003 el programa Para el adulto mayor más, en el marco del cual se otorgan pensiones asistenciales a la vejez por un valor de 245 pesos mensuales a unas 350 mil personas de todo el país.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales es la encargada de administrar este beneficio que tiene como objetivo “suministrarle un ingreso a aquellas personas mayores de 70 años con necesidades básicas insatisfechas y en situación de desamparo”. Además, la ayuda va acompañada por los servicios sociales contemplados en el Programa Federal de Salud, impulsado por la cartera que lidera Ginés González García.
Por otra parte, la Dirección de Políticas para Adultos Mayores que encabeza Mónica Roque es otro de los organismos nacionales que impulsa programas tendientes a mejorar la situación de esa franja de la población. Uno de ellos es el de Cuidados domiciliarios, en el marco del cual se capacita a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, quienes brindan atención a unas 7.500 personas en todo el país.
En tanto, durante el período estival se pone en marcha el programa de Actividades recreativas y socio comunitarias, a través del cual los mayores que se albergan en los nueve hogares que administra la Dirección pueden veranear en Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, o en la ciudad balnearia de Mar del Plata.
El Gobierno porteño, por su parte, ejecuta sus programas a través de la Dirección de la Tercera Edad. Uno de ellos es el Proteger, creado con la intención de “atender y orientar a las personas mayores que se encuentran en situación de riesgo, a quienes se les brinda asistencia psicológica, social y jurídica, y se busca prevenir el maltrato”, informó el director del organismo, Daniel Magglioco. También se dictan más de 650 talleres gratuitos en los Centros de Jubilados de la ciudad.
Para algunas organizaciones sociales estas políticas no implican necesariamente una revalorización social del mayor. Por ejemplo, así opinó el director ejecutivo del Cepram, Andrés Urrutia, para quien “sólo se aplican políticas de contexto que resuelven las cuestiones primarias, como la alimentación”.
A su turno, la presidenta de la Fundación OVO, Silvia Gelvan de Veinstein, coincidió en que “el Estado deja mucho que desear porque toma las políticas de manera parcial y no busca que los mayores se conviertan en sujetos activos de la sociedad”.