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El año 2005 se inició para Rusia con un problema predecible: protestas espontáneas de pensionistas en San Petersburgo, dos ciudades de la zona céntrica del país - Vladimir y Samara - y las urbanizaciones satélites de la capital rusa, Solnechnogorsk y Khimki. Se trata de una categoría de ciudadanos que de entrada había acogido con recelos la reciente reforma del sistema de pensiones, mediante la cual se les despojaba de viejos privilegios, como por ejemplo la posibilidad de viajar gratis en los medios de transporte urbano, y a cambio se les prometía un incremento de la pensión.
Por: Dmitry Kosyrev (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación:13/1/2005
La reforma se había concebido con el propósito de mejorar la situación de la tercera edad, y sobre papel así parecía. Pero los ancianos en Rusia tienen mucha experiencia: habiendo escuchado por la televisión que la reforma supondría una mejora, ellos esperaron a que el cambio se hiciera efectivo y, tras calcular sus rublos y sus kopeks, salieron a protestar a la calle.
Semejante evolución de los acontecimientos se había predicho en más de una ocasión. Un analista de Morgan Stanley, Byron Wien, mencionó en relación con Rusia toda clase de eventuales contrariedades, incluida 'una segunda revolución', al confeccionar la lista de '10 sorpresas posibles de 2005'. Y aunque el listado de Wien trata de sorpresas, no de guiones evidentes, es comprensible en todo caso que los pensionistas rusos están muy molestos hoy.
Sabido es que las reformas de mercado que se están aplicando en Rusia durante la presidencia de Putin son mucho más profundas que cuanto habían hecho sus antecesores desde 1992. La sustitución de los privilegios por subsidios monetarios es lógica e imprescindible en plano macroeconómico. La práctica de subvenciones en especie, que se mantiene hasta la fecha en materia de pensiones o en el pago de alquileres y servicios comunales, no hace sino hundir toda la economía nacional. Pero la implementación administrativa de esa reforma, habida cuenta de la realidad rusa, no podía evitar conflictos. No hacía falta una Morgan Stanley para verlo, pues todos los medios rusos habían augurado de forma casi unánime problemas nada inferiores a los que mencionó Byron Wien. Uno podría afirmar a ello, por supuesto, que los jubilados, biológicamente menos capaces de reaccionar a las nuevas condiciones de manera flexible, siempre se equivocan. Este fenómeno puede observarse en cualquier caja de ahorros del Sberbank cuando se produce un cambio de tarifas comunales o hasta de simples formularios, pues enseguida se forma una cola larguísima de ancianos, muchos de los cuales tienen problemas con la vista y el oído, de modo que resulta necesario explicar mil veces a cada uno de ellos qué es lo que ha cambiado y cuánto o a quién deben pagar ahora.
Sin embargo, sería más razonable pensar que los pensionistas siempre tienen razón. Al menos en Rusia, cuya transición al mercado a principios de los 90 liquidó los ahorros de varias generaciones mayores y en la cual la inflación y el colapso del antiguo sistema de pensiones públicas transformaron de la noche a la mañana a millones de ancianos en pobres, dejándoles para la subsistencia 20 ó 30 dólares mensuales cuando la depreciación de la moneda nacional alcanzaba tres dígitos. Habiendo pasado por esa experiencia, los pensionistas tienen todo el derecho moral para sospechar todos los pecados habidos y por haber en una burocracia ineficiente.
Y lo importante es que tales recelos son fundados, porque los ejecutores de esas nuevas leyes que sobre papel parecían razonables la han hecho buena otra vez.
Tanto, que el motín de los jubilados fue el primer tema abordado por la Cámara baja del Parlamento, Duma de Estado, al término de las largas vacaciones del Año Nuevo. En su sesión plenaria del miércoles, la Duma debatió el texto de un llamamiento al Gobierno y al Fiscal General de la nación con motivo del incumplimiento de la ley sobre subsidios.
Habiendo pasado las vacaciones en sus respectivos distritos electorales, los legisladores volvieron a la capital con numerosos testimonios que conocieron sobre el terreno. El presidente de la Cámara baja Boris Gryzlov y el jefe del Comité de la Duma para el trabajo y la política social Andrey Isaev contaron entre otras cosas que las autoridades regionales tienen derecho a preservar las subvenciones en especie si carecen de recursos presupuestarios para sustituirlas con subsidios monetarios. Tal oportunidad, al decir de Gryzlov, ha sido desaprovechada. La nueva ley contempla, asimismo, que la financiación de los subsidios no puede reducirse en volumen ni en número de destinatarios, y que sólo se pretendía darles una expresión monetaria a los privilegios existentes. No obstante, todo indica que las autoridades locales han decidido ahorrar a expensas de los pensionistas. Es más. Incluso en la época de reformas liberales, los ancianos se beneficiaban de ciertas facilidades para el acceso gratuito a algunos fármacos de prescripción, y nadie pensaba despojarles de este privilegio, pero en el fragor de las fiestas los funcionarios de Salud y Desarrollo Social no han tenido tiempo o habilidad suficiente para explicar a todas las farmacias cómo va a funcionar dicho sistema en adelante.
Por último, el tema del transporte gratuito. El alcalde de una de las ciudades rusas en que se han celebrado protestas, la de Vladimir, compensó la supresión de este beneficio sólo para aquellos pensionistas que cobran menos de 1.600 rublos mensuales (poco más de 50 dólares), según los diputados de la Duma. También en las afueras de Moscú la supresión de viajes gratuitos es el problema más acuciante. Decenas de miles de jubilados residentes en la Región de Moscú vienen a la capital para ganarse la vida, y una vez suprimida la gratuidad del transporte, sus de por sí modestos ingresos se reducen casi a la mitad.
* Dmitry Kosyrev, comentarista en temas políticos de RIA NOVOSTI.
Enviado por Licenciatura en Gerontología el: Enero 13, 2005 10:36 PM