Algún empleado ocurrente del PAMI los llamaba “aire”, porque estaban en todos lados, pero nadie los podía tocar. Sin embargo, en las últimas horas las figuras de Luis Barrionuevo y Enrique “Coti” Nosiglia se materializaron por primera vez en una denuncia judicial en la que se los vincula de manera directa a un caso de coimas en la obra social de los jubilados.
La causa que lleva adelante el juez Daniel Rafecas da pie para que los históricos dirigentes peronista y radical sean investigados a fin de establecer si son la terminal de la ruta del dinero del cohecho.
Créase o no, todo se inició en el 2004 con una denuncia judicial realizada por Luis D’Elía. El actual secretario de Tierras para el Hábitat Social de la Nación inmortalizó en una cámara oculta cómo Hugo Espaltro y José María Ferreira le pedían por la continuidad del contrato de la firma Angiocor en el PAMI, a cambio de una coima mensual del 10 por ciento de los beneficios totales, estimados en 35 millones de pesos.
Los entonces dirigentes del ARI –aunque uno era de origen radical y el otro peronista– querían que D’Elía hiciera valer su influencia en el gobierno de Néstor Kirchner para conseguir el tan mentado contrato en la obra social de los jubilados.
De acuerdo al relato de D’Elía, la gestión de sus interlocutores se hizo por pedido del titular de Angiocor, Luis Pisano, quien les habría confesado que desde la llegada de Graciela Ocaña a la dirección del PAMI, se había cortado el circuito de coimas que su empresa de prótesis e implantables pagaba a Barrionuevo y Nosiglia para renovar los contratos.
El juez que entendió en la causa, Claudio Bonadío, tomó como válida la cámara oculta. Así, Pisano, Ferreira y Espaltro terminaron procesados por “cohecho activo en función del delito de tráfico de influencias”. Pero Ocaña entendió que debían profundizarse las investigaciones. Sobre todo por algunos diálogos registrados en la filmación.
En un tramo de la cinta uno de los imputados manifestó que su preocupación por la finalización del contrato estaba dada porque de la suma importante que se pagaba mensualmente (más de 4 millones de pesos) “la parte política se llevaba el 20 por ciento”, en alusión a Barrionuevo y Nosiglia.
Rafecas entonces tomó las riendas de las investigaciones “hacia atrás”, para entender las razones del contrato de Angiocor con el PAMI, efectuado el 13 de noviembre de 2002, y los lazos de esta firma, integrante de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), con la política.
Contrato
sugerente
Nosiglia prefiere permanecer en las penumbras, acrecentando esa fama de monje negro que ha sabido ganar desde sus años de ministro del Interior de Raúl Alfonsín. Barrionuevo no tiene problemas en estar expuesto ni en defender frases –como aquella de que “nadie hace la plata trabajando”– que acuñó cuando se declaraba “recontraalcahuete de Menem”.
El sindicalista gastronómico ha sido noticia en las últimas semanas por acercar posiciones con la Casa Rosada. Puso final así a una serie de cruces con la familia Kirchner, que le había quitado apoyo a sus pretensiones de convertirse en gobernador de Catamarca.
Ese entendimiento no fue obstáculo para que Ocaña lo relacionara con las irregularidades del PAMI. En ese sentido, denunció ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que interviene frente a los delitos cometidos en la obra social de los jubilados, que la persona que “habría gestionado desde el PAMI la formalización del contrato con Angiocor sería Enrique Gustavo Libertini, el médico personal de Luis Barrionuevo”. Libertini es el subgerente de Insumos Médicos del PAMI. Fue precisamente por ello que la UFI, que comanda el fiscal Carlos Stornelli, denunció a Libertini ante la Justicia por “presuntas irregularidades” en la contratación de la UTE a la que pertenece la sospechada Angiocor.
Las presuntas irregularidades son de distinto orden. Rafecas investiga si hubo un sobreprecio del valor de la cápita que el PAMI abonó mensualmente a Angiocor y si el excedente se derivó como posible retorno a Barrionuevo y Nosiglia, consistente en un 20 por ciento mensual.
Al asumir en el PAMI, Ocaña redujo el valor de las cápitas de 1,35 pesos a 1,18 pesos. No por nada uno de los pedidos que los escrachados de las cámaras ocultas le hicieron a D’Elía fue prorrogar el contrato y mantener el precio original de las cápitas.
Rafecas tiene en su poder otro punteo con irregularidades que le llevó Stornelli. El fiscal plantea allí que:
- En el expediente de contratación de la UTE que integraba Angiocor (junto a VVB S.A. y Biotec Médica) no obra un requerimiento formal del área pertinente sino que el trámite lo inició “unilateralmente” Libertini.
- En el pliego de bases y condiciones particulares se incluyeron “cláusulas limitativas que habrían restringido la participación de otros oferentes, pudiendo encontrarse el mismo direccionado a efectos de que Angiocor resultara ganador”.
- El pliego también permite que el contrato de un año tenga como opción dos prórrogas de un año cada una, en contradicción con un decreto –el 436– que acepta una única prórroga por un plazo similar al contrato inicial.
- “La definición de los precios previstos a contratar no surgían de una estructura de costos, ni se efectuaron informes técnicos previos que permitieran establecer los mismos”.
- Se utilizó una contratación directa –sin cumplir con la normativa que la habilitaba– cuando el monto de la contratación justificaba una licitación pública. “Libertini no fundamentó su requerimiento para llevar a cabo una contratación que tendría un costo en absoluto despreciable para las arcas del PAMI, ya que el contrato de un año junto con sus dos prórrogas estipuladas en el pliego de bases y con-
diciones generarían una erogación de apro-
ximadamente 110.000.000 de pesos”, señaló Stornelli
- En una nota del 2/8/2002, Libertini asegura que “teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa por ‘urgencia’, se estima conveniente contar con la participación de las firmas VVP, Angiocor y Teconfix Bioimplant UTE”. El fiscal le explicó a Rafecas que “dicha nota posee un contenido más que llamativo ya que al menos VVP-Angiocor-Biotec Medical recién se constituyó como UTE el día 12/8/2002”.
En ese sentido, Stornelli propuso que la investigación también se extienda al ex interventor del PAMI, José Manuel Corchuelo Blasco, y a otros funcionarios que ocupaban cargos en la obra social de los jubilados cuando se contrató a Argencor. Según el fiscal, todos ellos están sospechados de haber “presuntamente defraudado las arcas del PAMI con conductas ilícitas en el inicio, trámite y adjudicación de las contrataciones instrumentadas”.
Para decirlo en pocas palabras: Rafecas ya está informado sobre quién autorizó la sospechosa contratación. Ahora tendrá que establecer si hubo sobreprecio y, en consecuencia, si hubo un excedente derivado como retorno a Barrionuevo y Nosiglia.