Anteayer, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que "en este momento" el Gobierno no analiza un incremento. Pero en un momento venidero y cercano, ese aumento sobrevendrá. Hay varios indicios.
Primero: en el Gobierno recuerdan que el partidario de nivelar a la mayor cantidad de jubilados en pocas categorías era el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien para achatar y unificar la pirámide prefería elevar las jubilaciones mínimas sin tocar las más elevadas, pero, Kirchner es partidario de un aumento "general", no sólo para los haberes inferiores a $ 1000, sino también a los superiores, como lo dijo expresamente en un acto realizado el año último en San Fernando. Además, el tema ya entró en la agenda del Presidente, aunque todavía no se definieron fechas ni montos.
Segundo: la litigiosidad contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) volvió a crecer y ya supera las 150.000 demandas. Sólo un reajuste puede frenar esa ola de juicios, que inevitablemente será muy costosa para el Estado.
El Gobierno y la Corte corren por carriles paralelos.
En sus tres años de gestión, Kirchner dio ocho aumentos a las jubilaciones inferiores a $1000 y elevó el mínimo de $150 a $390. Hay 3,3 millones de jubilados en esa categoría y aumentar sus haberes requeriría de más de $2000 millones.
Los 196.000 jubilados que cobran más de $1000, en cambio, no recibieron mejora alguna y darles un alza del 10% significaría una partida de otros $870 millones.
El aumento es inevitable, pero se evalúa su impacto para el erario y para la inflación.
La Corte, en tanto, ya analiza dos casos, Badaro y González, referidos a jubilaciones mayores a $ 1000.
En los años 90, la ley de convertibilidad no permitió un ajuste de los haberes y la Corte, en el caso Chocobar les reconoció un incremento mínimo, del 13%. En disidencia votaron entonces Carlos Fayt, Enrique Petracchi -y Augusto Belluscio, que renunció-, que se inclinaron por un ajuste del 64%. Pero pasaron los años y, en 2005, estos dos ministros y los nuevos magistrados de la Corte reconocieron a las jubilaciones menores a $ 1000 ese incremento, al que se lleva por el índice general de remuneraciones, por los períodos caídos de 1991 a 1994.
Pero la Corte nunca se pronunció sobre los períodos caídos entre 1995 y 2005. Ahora, en los casos Badaro y González está tomando ese mismo camino, aunque los jueces difieren en un aspecto: algunos creen que la propia Corte es la que debe fijar el nivel del ajuste, mientras otros consideran que el tribunal debe fijar un plazo para que sea el Congreso el que se expida, como lo establece la ley 24.241.
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Los reclamos señalan que la Constitución nacional garantiza la "movilidad" de las jubilaciones, y el Poder Ejecutivo y la Corte apuntan a reconocer el aumento.
Pero hay una diferencia importante: el aumento que pueda dar el Gobierno es hacia el futuro, pero en los juicios se reclaman que se paguen miles de millones de pesos por retroactividad de los últimos diez años.
El panorama se despejará para mediados de año, cuando calculan que la Corte dictará su fallo y el Gobierno hará su anuncio.

Por Adrián Ventura
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