El costo fiscal de recomponer el poder de compra (en relación al Indice de Precios al Consumidor) de todas las jubilaciones y pensiones al nivel que tenían antes de la devaluación, en diciembre del 2001, sería de $ 20.400 millones de pesos. La cifra equivale a la totalidad del superávit primario de este año. La estimación fue realizada anoche por los analistas de la consultora Ecolatina, en un intento por trazar escenarios de potenciales costos fiscales provocados por la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que solicitó la sanción de una ley que contemple la movilidad de haberes para los jubilados. "Si se quisiera recomponer sólo el poder de compra de las jubilaciones de más de $ 1.000, entonces el costo acumulado se reduce a $ 4.500 millones, pero esto no tendría ningún sentido, ya que mantiene desequilibrada la estructura jubilatoria y abierto el problema", le explicó a Clarín Ricardo Delgado, director de Ecolatina. En el período 2002-2006, el único tramo de jubilaciones que se subió por encima de la inflación fue el de los haberes mínimos, que crecieron un 180%. "Si el Gobierno quisiera evitar que siguiera subiendo esta deuda, debería contemplar una partida adicional anual del orden de los $ 4.000 millones, que equivalen a medio punto del PBI", agregó Delgado. Desde que se conoció el fallo, el martes pasado, los estudios económicos afilaron los lápices para determinar cómo impactará la movida en el Presupuesto 2007, que se terminará de definir en las próximas cuatro semanas. Fuentes del Gobierno confirmaron que la actualización jubilatoria se incluirá en la ley, aunque aún se ignora el monto que finalmente se reconocerá. "Por lo adeudado, creo que finalmente el Gobierno deberá emitir un bono", opinó Miguel Braun, director del Cippec, un centro de estudios especializado en la problemática fiscal. Como la Corte dejó los térmi nos de actualización abiertos a la consideración del Ejecutivo y del Congreso, las estimaciones de los economistas tienen un rango muy amplio. Por caso, los analistas del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), creen que la deuda acumulada es de $ 10.000 millones, aunque estuvieron más cerca de Ecolatina en la previsión del costo a futuro: $ 5.000 millones al año. "Todo depende del factor de ajuste que fije el Congreso, a instancias de la Corte, pero nuestros cálculos estiman que el flujo no debería ser inferior a $ 400 millones al mes", señaló Osvaldo Giordano, el director de IDESA. Para el economista, "se hacía insostenible seguir ajustando sólo los mínimos porque esto generaba una deuda que, aunque la Secretaría de Hacienda no la registraba, era más que sólida. Cada vez eran más los jubilados que accionaban contra el Estado estimulados por los abogados. Tarde o temprano esto se tenía que hacer explícito".

Preparan un proyecto de ley

El presidente Néstor Kirchner remarcó ayer, durante un acto en el partido bonaerense de Merlo,"el aumento del sueldo mínimo, de 150 a 800 en tres años, cuando estuvo paralizado 14 años; y el mejoramiento de las jubilaciones, que estuvo paralizado 14 años" como logros del Gobierno.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconoció ayer que el Gobierno preparará un proyecto de ley en el marco del fallo de la Corte Suprema, en el que recomienda al Poder Ejecutivo un reajuste en los haberes jubilatorios. "El Gobierno no fija posición, es un fallo y lo respeta", apuntó el jefe de Gabinete.

Cavallo elogió a la Corte

Para Domingo Cavallo, el fallo de la Corte Suprema con relación a las jubilaciones "puso las cosas en su lugar".
El ex ministro de Economía, mentor de la Ley de Solidaridad Previsional sancionada en 1995, calificó de "decisión inteligente y responsable" el pronunciamiento de la Corte. Y la razón es que "conmina al Poder Legislativo".
La Ley de 1995 eliminó la movilidad como proporción del sueldo (por ejemplo, 82% móvil), puso un tope a la jubilación estatal y remitió cualquier ajuste a lo que determine el Congreso en el Presupuesto anual. En 2001, Cavallo impuso un recorte del 13% a las jubilaciones.