El aumento de los haberes del 13% que regirá a partir de enero de 2007 no reconoce ninguna retroactividad a los dos millones de jubilados que tuvieron aumentos inferiores al costo de vida o a la suba de los salarios y mantiene el achatamiento de las escalas jubilatorias. Tampoco fija un criterio o fórmula de ajuste automático en función de indicadores objetivos, como podría ser la evolución de los salarios.

Según algunos especialistas, en la sentencia Badaro, la Corte ordenó al Gobierno y al Congreso que la movilidad fuera retroactiva, basada en "un sistema válido de movilidad" que "acompañe los haberes en el tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios en actividad". Y señalan que el fallo dice que el Estado debe "efectuar las correcciones necesarias por la omisión de disponer un ajuste por movilidad sobre el período cuestionado". Ese período es de 1995 en adelante, "ya que Badaro ya tuvo sentencia firme por los períodos anteriores a 1995", según comentó su abogada, Graciela Stasevich (ver Pediremos...). A partir de 1995, cuando entró a regir la ley de Solidaridad Previsional, el Congreso no dispuso ningún aumento en las jubilaciones y pensiones.

Otros abogados previsionalistas coinciden con esta posición, pero agregan que en la práctica la falta de movilidad tuvo efectos confiscatorios a partir de enero de 2002, ya que entre 1995 y 2001 la variación salarial o la inflación fueron mínimas.

Según MVAS Macroeconomía, "no se puede afirmar que este ajuste satisfaga completamente el reclamo de la Corte". Y explica que eso se debe a que deja buena parte de las jubilaciones "lejos de los aumentos de los salarios registrados desde 2001", y a que "no existirá un mecanismo de ajustes automático en función de ningún otro indicador".

Los que sí podrán tener algún reconocimiento hacia atrás son los 50.000 jubilados que hicieron el reclamo o ya tienen sentencias favorables por reajustes de sus haberes. Esas sentencias son mayoritariamente favorables a los jubilados y otorgan ajustes por el índice de salarios del INDeC o por Remuneración Imponible para Trabajadores Estables, un indicador que creó la Secretaría de Seguridad Social pocos meses atrás. Esos índices dan un incremento del 70 al 75% entre enero de 2002 y agosto de 2006. Como esas sentencias fueron apeladas por la ANSeS, la decisión final recaerá en la Corte Suprema.

Distintas consultoras calcularon lo que los jubilados perdieron por la merma en sus haberes reales a partir de la devaluación de 2002. Ecolatina calculó que la pérdida por el no ajuste de las jubilaciones por la evolución del índice general de salarios entre 2002 y 2006 sería de 9.466 millones de pesos. Y si se considera el costo de vida la pérdida trepa a $ 22.538 millones.

http://www.clarin.com/diario/2006/09/10/elpais/p-00601.htm

os puntos salientes de los anuncios

Las claves del aumento del 13% para los jubilados y pensionados anunciado por el Gobierno son las siguientes:

# Las más de 4 millones de personas beneficiadas cobrarán la suba de los haberes a partir del 1º enero.

# La jubilación mínima, hoy de $ 470, pasará a ser de 530 pesos. La intermedia pasará de $ 800 a $ 904 y las altas de $ 2.000 a $ 2.260. El incremento abarca a jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas y pensiones no contributivas.

# No habrá fórmula de movilidad. Es decir que no se establece que las jubilaciones deban seguir la evolución de los salarios o la recaudación.

# El salto en los salarios no implica una modificación en la brecha del mapa previsional. El haber medio del sistema desde enero será de $653, que equivaldrá a cerca del 40% del sueldo medio de los trabajadores registrados.

# El poder de compra de un sector mayoritario de jubilados será, a pesar de este aumento, inferior al que mantenían antes de iniciarse el proceso inflacionario.

# El ajuste de los haberes para la clase pasiva tendrá un costo fiscal de $ 4.099,4 millones, según la estimación realizada por la ANSeS.

"Movilidad mínima"

El titular de la ANSES, Sergio Massa salió al cruce de las críticas de la oposición y remarcó ayer que los haberes jubilatorios "tendrán una movilidad mínima garantizada del 13 por ciento a partir del 1º de enero del año próximo".