La problemática de los haberes jubilatorios es un tema reiterado y repetido desde hace décadas en los ámbitos de gobierno, académicos, judiciales, de organizaciones de jubilados, etcétera. Pero no se observa, como resultado de tanta preocupación, algún indicador o intento de solución factible de largo plazo para el financiamiento del régimen jubilatorio nacional.

Sólo hay soluciones parciales y coyunturales que postergan la difícil e ineludible decisión de definir el sistema financiero y las fuentes de financiamiento del régimen jubilatorio nacional en particular y de la seguridad social en general.

El haber jubilatorio es un sustituto de la remuneración, por eso el monto a percibir por el jubilado, debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador por igual categoría, oficio o función. Cumplir esa relación ajustada a lo establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de manera universal e integral en el largo plazo, exige que el régimen tenga los recursos financieros suficientes y sostenidos en el tiempo.

No debiéramos repetir el uso de normas mágicas y/o sofisticadas ingenierías financieras para la determinación del cómputo de los servicios y para la liquidación de los haberes, y así "resolver" la ecuación de las erogaciones con la de los insuficientes recursos.

Debemos asumir en la insuficiencia de los recursos propios del sistema, la causa y razón por la que el universo de jubilados no perciben el quantum de sus derechos jubilatorios, tal como lo indica la Constitución.

Pasado y futuro

No debemos confundir la liquidación del monto inicial de los haberes al otorgamiento de la jubilación —y sus posteriores ajustes por aplicación de la movilidad de las remuneraciones—, con las actualizaciones por cambios en el valor de la moneda. En seguridad social no debemos hacer que el árbol nos tape el bosque, la protección integral y universal del hombre es objetivo supremo.

Hace 40 años hicimos la unidad legislativa, centralización recaudatoria y descentralización operativa. En una avanzada de federalismo creamos entes que hoy otorgan jubilaciones nacionales en múltiples lugares de todas las provincias, uno de los servicios de la Administración Nacional que llega más cerca de todos los habitantes del interior.

Improvisamos formas y tipos de recursos, que se sumaron a los periódicos aportes del Tesoro. En los 80, participación del IVA generalizado; en los 90, un porcentaje de los ingresos por privatizaciones. Creamos y asignamos tributos (impuesto a los débitos y créditos bancarios), porcentajes de participación directa de casi todos los impuestos vigentes (ganancias, IVA, combustibles líquidos y gas natural, adicional de emergencia sobre cigarrillos) en defecto de la masa coparticipable, que surge en el denominado "laberinto de la coparticipación".

También hubo reformas del régimen nacional jubilatorio, con modificaciones en las edades, años de servicios y otros requisitos, cambios en los aportes personales del trabajador y las contribuciones de los empleadores (flexibilización laboral y/o planes de competitividad etcétera) siempre para salvar especialmente el problema financiero. Pero no encontramos, como fundamento de esas modificaciones, estudios actuariales y financieros confiables con proyecciones a largo plazo.

En 1974, Juan Domingo Perón aprobó un Programa de Seguridad Social estructural de largo plazo, pero se trunco con su muerte y volvimos a los cambios coyunturales o improvisados.

Hoy debemos debatir y consensuar, como será el régimen jubilatorio y el grado de integralidad y universalidad del sistema de seguridad social que protegerá a las próximas generaciones, y evitar repetir experiencias de injusticia e inequidad. Debemos decidir cual será el sistema y las fuentes de financiamiento factibles y sostenidas. Europa estudia hace décadas soluciones al problema del financiamiento de la seguridad social.

Por eso, el debate debe ser sobre un financiamiento que sea factible, pero integral y sostenido, no omitiendo de considerar que las remuneraciones como base de tributación para el sostenimiento del sistema son definitivamente insuficientes. No alcanza, como en el pasado, con gravar sólo al trabajo.

* El autor es directivo del Instituto Argentino de Servicios Públicos

http://www.clarin.com/suplementos/economico/2006/09/10/n-01401.htm