Un analista económico explicaría que, con el alto superávit de caja que registra la Anses, el Gobierno prefirió ocuparse del flujo (los futuros aumentos), antes que del stock (la deuda con los jubilados que cobran más del mínimo y cuyos haberes quedaron notoriamente desactualizados). Un analista político, a su vez, resaltaría que esta medida tiene su lógica desde el punto de vista electoral, ya que mejorará en 13% los ingresos de los 4 millones de jubilados del sistema previsional que el año que viene deben votar y de los cuales el 70% percibe el haber mínimo.

Tanto por equidad social como por cálculo político, el Gobierno no dudó entonces entre la opción de poner plata en el corto plazo en el bolsillo de cuatro millones de jubilados u ocuparse de resolver problemas de arrastre, como los juicios que varias decenas de miles de ellos entablaron contra el Estado por el olvido a que los sometió durante casi una década y media. Si se atendía de una sola vez esta deuda pendiente, que algunos especialistas calculan en alrededor de 10.000 millones de pesos, aquel superávit de la Anses se hubiera evaporado. Para quienes han hecho juicio, de todos modos, queda un premio consuelo: el Congreso está a punto de aprobar una ley para que todas las sentencias a favor de la actualización de haberes se paguen a partir del año próximo en un plazo máximo de 120 días. En otras palabras, la deuda se irá pagando con cuentagotas, dado que la Justicia no se caracteriza precisamente por su celeridad.

Habrá que ver si este criterio es compartido por la Corte Suprema, que, al reclamar al Congreso la reimplantación de la movilidad de las jubilaciones, apuntaba en última instancia a evitar la proliferación de juicios previsionales. Con el 11% que recibieron hace dos meses (por primera vez en 14 años) más el 13% que se aplicará en enero de 2007, los jubilados que se encuentran de la mitad para arriba en la pirámide de haberes apenas si habrán recuperado un tercio de lo que perdieron entre 2002 y 2006, ya sea frente al índice de precios al consumidor o los salarios de los trabajadores en actividad.

También existe otro dato político que no debe pasarse por alto: en los próximos meses, el padrón electoral podrá contar con centenares de miles de flamantes jubilados. Serán los que se adhieran a la moratoria puesta en marcha este año y que permite -con el pago de una cuota- obtener la jubilación mínima a trabajadores que no suman aportes suficientes o aun a quienes nunca han aportado, como amas de casa en edad jubilatoria. No por casualidad la línea 0800 de la Anses está colapsada desde hace tiempo, debido a la cantidad de consultas. Una incógnita es cuántas personas podrán adherirse, ya que algunas estimaciones calculan que ya se iniciaron 400.000 trámites, sobre un universo cercano a los 2 millones. Otra es el costo futuro de este régimen, que según el número de adherentes, podría incrementar el gasto entre 1500 y 10.000 millones de pesos anuales.

Esto explica por qué, pese a los 4100 millones de pesos que se agregarán al Presupuesto 2007 para atender los aumentos a jubilados y pensionados, -más el monto que se incluya para pagar sentencias- la Anses aún preservará cierto nivel de superávit de caja. A diferencia de los últimos dos años, cuando ese excedente se había utilizado, sin hacer demasiado ruido, para cubrir urgencias financieras del Tesoro, ahora se lo destinaría a los futuros beneficiarios de la moratoria (con un descuento mensual de las cuotas), y a un fondo de garantía para evitar sobresaltos con la futura movilidad. Esta moratoria viene generando un abanico de críticas con sordina. Van desde quienes la consideran una inequidad frente a quienes han aportado toda la vida y hoy cobran la jubilación mínima hasta quienes sostienen que atender la situación de las personas mayores sin aportes debería formar parte del presupuesto de gasto social y no del régimen previsional de reparto.

En clave política

El prematuro anuncio oficial, una semana antes del envío del proyecto de Presupuesto al Congreso y tres meses antes de que los aumentos jubilatorios entren en vigencia, también tiene otro ingrediente político. La semana pasada, el bloque justicialista de diputados -que congrega a los duhaldistas que apoyan la candidatura de Roberto Lavagna- había presentado un proyecto de ley con un enfoque diametralmente opuesto a la decisión del Gobierno. La iniciativa considera el superávit de la Anses una deuda con los jubilados a partir de 2002 y establece un reparto proporcional a los haberes percibidos, descontando como pago a cuenta las mejoras otorgadas hasta el momento. También prevé un mecanismo de ajuste en función de un índice de salarios que establezca el Indec, que se aplicaría además a la futura movilidad de las jubilaciones, y un fondo especial con los excedentes de la Anses para compensar eventuales déficits del sistema. En otras palabras, todo lo que sobra se repartiría como cancelación de deudas y las jubilaciones se indexarían en el futuro según la evolución de los salarios.

Paradójicamente, el Gobierno optó por una alternativa más conservadora, al no consolidar la deuda anterior y establecer la movilidad en función de los ingresos de la Anses, que hasta ahora vienen creciendo fuerte. Esto le permite mantener excedentes para utilizar discrecionalmente, como una manera de conservar margen de maniobra de cara a las elecciones de 2007.

De hecho, pocos legisladores están interesados en el contenido del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo: descuentan que, con los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes, el Gobierno podrá disponer a su antojo de casi un 20% de los recursos totales, en la medida en que siga subestimando la recaudación impositiva y descarte cualquier reducción de impuestos, excepto, probablemente, un retoque en el mínimo no imponible de bienes personales, a decidir durante el transcurso del año electoral.

Esta holgura fiscal de la Nación contrasta con la estrechez de la provincia de Buenos Aires, que acaba de ampliar sus gastos y reconocer un déficit de 1000 millones de pesos en el presupuesto de este año, que cubrirá con la emisión de bonos, lo cual coloca en un dilema político-jurídico a la Casa Rosada: si autoriza ese endeudamiento, admitiría un incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y un precedente peligroso para otras provincias, cuyos gastos también aumentaron más de lo mucho que lo hicieron sus ingresos. Si no lo hace, complicaría sus propias cuentas, ya que tampoco podría soltarle la mano al distrito clave para las elecciones de 2007.

Por Néstor O. Scibonanscibona@speedy.com.ar

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