La necesidad de reducir la informalidad es ampliamente reconocida. Los instrumentos de política disponibles, sin embargo, tienen un alcance limitado. El punto de partida para una política eficaz es reconocer su carácter sistémico: no hay empleo en negro si no hay ingresos en negro. El grueso del empleo informal se concentra en microempresas y en pequeñas empresas de baja productividad que hacen de la evasión laboral y fiscal un modo de compensar –a un alto costo social– su escasa competitividad en el marco vigente. Hace falta una estrategia que incluya estas interrelaciones.

Una estrategia así debería incluir, además de la continuidad de los esfuerzos de fiscalización, la revisión de las regulaciones que determinan el costo laboral no salarial en las microempresas y pequeñas empresas de baja productividad; una reforma del régimen de financiamiento de la seguridad social que sustituya las contribuciones sobre la nómina salarial por un impuesto de base neutra, que no penalice la utilización del factor trabajo, y la desvinculación progresiva de la seguridad social del modo de inserción en el mercado de trabajo. Sobre esto último, conviene recordar que más de la mitad de sus recursos provienen de impuestos que abonan todos los ciudadanos independientemente de que tengan o no empleo, de que su trabajo sea formal o informal, y de que perciban o no beneficios de la seguridad social.

Ninguna reforma, sin embargo, será exitosa si no existe una demanda social por formalidad. En buena medida esta demanda es baja porque, sobre todo entre los más pobres, la necesidad de trabajar prevalece sobre las consideraciones de calidad, pero también porque hay una escasa percepción de los beneficios. Esto no es privativo de la relación laboral sino que se extiende a la (in)formalidad de las transacciones de bienes. En otros términos, la reducida demanda por formalidad facilita la interacción ingresos en negro-empleo en negro.

El cierre del ciclo de alto desempleo crea un marco favorable para el aumento de esa demanda. Sin embargo no lo asegura. Es importante proveer de incentivos que demuestren en el corto plazo que la formalidad mejora el bienestar de los hogares.

Una de las razones por las que la demanda de formalidad es baja especialmente en los hogares pobres es que si se formalizan, las retenciones sobre los salarios reducirían su ya insuficiente ingreso disponible. Por ello, los incentivos deberían dirigirse a minimizar esa reducción. Un modelo a seguir es el del régimen vigente para el servicio doméstico, que está dando buenos resultados. A cambio de un aporte fijo, provee al trabajador y su familia de una seguridad social básica. Es cierto que esas prestaciones son menores que las del asalariado registrado en el régimen general, pero son muy superiores a las de la situación actual de informalidad.

En esa misma línea, quiero proponer otro instrumento, que en rigor debería hacerse extensivo a toda la población activa, incluso el sector formal: una tarjeta de seguridad social que, además de las prestaciones, proporcionaría beneficios semejantes a la tarjeta de débito bancaria. Sus características son:

# Al registrarse en la Anses (o en una versión más universal, automáticamente al cumplir 18 años), se abrirá una cuenta individual de seguridad social y se emitirá una tarjeta de seguridad social. Habrá extensiones para los miembros no activos del hogar. Será documento de trabajo y de prestaciones de seguridad social básica.

# La tarjeta de seguridad social tendrá beneficios similares a la tarjeta de débito bancaria: 5% de devolución del IVA con la emisión del ticket o factura del comercio donde se realizó la compra. El beneficio de devolución del IVA por presentación de la tarjeta se obtendrá también por las compras en efectivo. La devolución del IVA se acreditará automáticamente en la cuenta de seguridad social.

# Los montos acreditados se capitalizarán en la cuenta de seguridad social. A partir de un monto mínimo que se estipule (con una contrapartida de seguridad social básica) serán de libre disponibilidad. Si se emplean para compra de medicamentos recetados utilizando como medio de pago la tarjeta, obtendrán un descuento similar al de las obras sociales (beneficio no acumulable). El Estado proveerá gratuitamente del POS a los pequeños comercios y establecerá para los que superen el límite establecido un régimen de amortización acelerada para su deducción de impuestos.

# La Anses podrá establecer convenios con los bancos para la administración de la tarjeta. Estos podrán ofrecer beneficios complementarios (descuentos en comercios, canje de puntos por premios, tarjetas de crédito, etc.) para captar estas cuentas.

Las ventajas de la tarjeta son varias. En primer lugar, mejora la equidad, pues extiende a todos -sobre todo, a los más pobres- los beneficios de la devolución del IVA, hasta ahora restringidos a los hogares de los ocupados formales bancarizados. Para los pobres esto puede significar un aumento del ingreso real de 5 por ciento.

En segundo término, al universalizar la bancarización, une la formalización laboral con la lucha contra la evasión fiscal. La reducción esperable en la evasión (que será desde abajo hacia arriba) dará sustentabilidad fiscal al programa. En tercer lugar, incorpora al mercado de crédito de consumo a sectores actualmente excluidos. Es un paso en el largo camino hacia una sociedad mejor para todos.

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=911674
LA NACION | 25.05.2007 | Página 1 | Política