Asociaciones, centros de jubilados y pensionados y sindicatos, junto al área de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña organizan una gran convocatoria para que el reclamo por la sanción de una ley de movilidad de los haberes previsionales se ubique en el centro de la discusión social, ya que consideran que éste no es sólo un tema de la clase pasiva, sino que también involucra a los trabajadores, quienes serán los futuros jubilados.
A este acuerdo se llegó en una reunión entre más de centenar de organizaciones de jubilados, sindicatos y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien recientemente presentó una actuación colectiva ante el Gobierno y el Congreso nacional peticionando la aplicación de un mecanismo de movilidad de las jubilaciones y a fin de evitar un reclamo judicial masivo.
“La idea es generar un movimiento, para mediados de marzo, que involucre la discusión a nivel social, a profesionales que trabajan con la tercera edad, a personalidades de la cultura, entre otros”, a fin que este reclamo se ubique en el centro del debate público, anunció Semino.
Asimismo organizan “varias actividades, cuya agenda se sostenga en el tiempo”, para que el pedido de los jubilados sea finalmente tratado en el Congreso.
Por NATALIA MUÑIZ
Diario Popular
domingo 9 de marzo
Esperan respuesta
En este marco, la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, y Semino entregaron recientemente un escrito colectivo -que cuenta con la adhesión de casi 20 mil jubilados de todo el país- al director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Claudio Moroni, peticionando el reajuste de haberes previsionales de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Esta actuación colectiva también fue entregada a los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; y de Senadores, Julio César Cobos; y a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras.
“De no haber ninguna respuesta o si la respuesta es negativa, entre el 15 y 20 de marzo realizaremos una presentación judicial”, advirtió Semino.
Principio de igualdad
El grupo de jubilados firmantes de la actuación, que encabeza Dante Zavatarelli y patrocina Semino, fundamenta su derecho en el principio de igualdad, las normas internacionales de Derechos Humanos y el derecho a una mejor calidad de vida.
Cabe recordar que el escrito colectivo se inició tras el segundo fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la causa iniciada por el jubilado de la Marina Mercante Adolfo Badaro, a quien se le fijó un ajuste de 88,6 por ciento en sus haberes por el período enero 2002-diciembre 2006.
Si bien la actuación colectiva se presenta para los adultos mayores que tienen características similares al caso Badaro, quienes cobraban mil pesos en diciembre de 2001, porque los fallos de la Corte sentaron jurisprudencia; en la Defensoría también se reclama una mejora y movilidad para todas las jubilaciones.
“Unos 150 años”
Al respecto, Semino explicó: “Catorce años demoró el caso Badaro en atravesar las distintas instancias y llegar a la Corte. Si con un promedio, en los últimos años, de 15 mil juicios anuales a la Seguridad Social, un jubilado tarda quince años en tener sentencia. En caso de que un millón de personas -que están en la misma situación que Badaro, según se estima- se presente a reclamar la movilidad, ¿cuánto demoraría cada uno de ellos? Tan solo si lo hiciera el 12 por ciento -150 mil jubilados- la demora sería de 150 años”. En este punto agregó que lo fundamental es “el respeto al principio de igualdad ante la ley, porque es imposible el acceso de un millón de jubilados a la Justicia y que la movilidad se resuelva caso por caso”.
Asimismo, el defensor de la Tercera Edad sostuvo que un reclamo judicial masivo “plantea un gravamen muy grande para el Estado, dado lo que se gastaría en costas y demás, por lo que quedaría abierta también la posibilidad de demandar penalmente a los funcionarios que no cumplieran con el fallo de la Corte”.
Recuadro: Presentación judicial del defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, realizó una presentación judicial para que se establezca la movilidad de los haberes a más de un millón de jubilados y pensionados.
El escrito presentado ante la Cámara de Seguridad Social tiene por objetivo “marcar una movilidad, basándose en el caso Badaro”, según explicó el Defensor, y agregó que se trata de una “acción colectiva innovadora, ya que se demanda al Estado por omisión”.
La medida beneficiaría a los jubilados y pensionados que perciben un haber que, con posterioridad al mes de enero de 2002, no hubieran tenido un juste equivalente al aumento del índice de salarios nivel general elaborado por el INDEC, tal como ocurrió en el caso Badaro.
La acción tiene por objetivo “el cese inmediato de la omisión en que incurre el Estado al no aplicar a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional y ratificada por la Corte Suprema”.
En la presentación judicial -de carácter colectivo-, Mondino plantea que no se opone a los incrementos en los haberes jubilatorios dispuestos por el Gobierno nacional, pero destaca que esos aumentos no pueden ser considerados equivalentes a la movilidad que respecto a los haberes que ha fijado la Corte Suprema, en el caso Badaro.