La expectativa de los abogados que promovieron la causa por violación de los derechos humanos de los jubilados es que los representantes del Gobierno (Cancillería y Seguridad Social) se comprometan a efectivizar de aquí a octubre los temas que siguen pendientes.

Y de esta forma, hacia fin de año se podría firmar un "acuerdo amistoso" que dé por superada la demanda y evitar que la Argentina sea condenada.

Horas antes de viajar a la capital norteamericana, Sergio Bobrovsky -uno de los abogados que llevó la protesta ante la CIDH- le dijo a Clarín que los temas que se habían acordado y no se cumplieron fueron:

Demora en la liquidación de las sentencias. No se está cumpliendo con la ley que fija que los fallos deben liquidarse dentro de los 120 días.

Implementación de un sistema automático de liquidación de las sentencias firmes.

Retención del impuesto a las Ganancias sobre las sentencias por lo devengado de acuerdo a la retroactividad y no por lo percibido. Por ese procedimiento arbitrario, el Fisco argentino se queda con gran parte del monto de la sentencia.

Compromiso del Estado de no apelar los fallos de primera instancia de movilidad de los docentes similares al reconocido por la Corte Suprema en el caso Gemelli (82% móvil).

-¿Y la extensión a todos los jubilados de la movilidad fija por la Corte en el caso Badaro?, preguntó Clarín.

- Si bien elfallo de la Corte es posterior a la demanda, en la causa objetamos por inconstitucional el artículo 7 de la ley de Solidaridad que eliminó la movilidad automática. Ahora, la Corte Suprema, que es uno de los poderes del Estado, fijó un ajuste de los haberes de acuerdo a los salarios y los jueces tanto de primera como de segunda instancia están aplicando la doctrina Badaro. Vamos a insistir con este tema y también que el Estado no apele los fallos de primera instancia.

-¿Qué espera de la reunión?

- Un compromiso que de aquí a octubre, con una agenda concreta, que el Estado argentino va a cumplir con todos estos temas pendientes de tal manera de poder firmar hacia fin de año un "acuerdo amistoso", respondió Bobrovsky.

La demanda ante la CIDH (causa Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros) se inició en diciembre de 1995. Entonces, un grupo de abogados consideró que la ley de "Solidaridad Previsional", sancionada en marzo de ese año, era violatoria de los derechos a las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y a los derechos humanos porque trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales a favor de los jubilados.

Hasta 2002, según Bobrovsky, "todas las audiencias convocadas por la CIDH fueron "confrontativas" y fracasaron porque los delegados de los Gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa defendieron las distintas medidas tomadas contra los jubilados."

En la audiencia de octubre de 2003, "el Estado argentino empezó a admitir algunas de nuestras objeciones, y así hubo mayores partidas para el pago de sentencias o se saancionó la ley 26.153 que fija el pago de esas sentencias dentro de los 120 días. Ahora esperamos avanzar en lo que no se cumplió".

Ismael Bermúdez

http://www.ieco.com.ar/notas/2008/03/11/01626007.html