A partir de la proyección estadística realizada sobre la base del último censo, se estimó que más de 1.930.000 personas están discapacitadas, sobre un total de 15 millones.

"En un relevamiento parcial hecho entre unas 40.000 personas, encontramos que las patologías mentales alcanzan el 43,7% de los casos, en tanto que el 36,9% son motoras, el 27,9% son viscerales, el 13,2% son problemas visuales y el 11,7%, auditivos", informó Favre.

"Aunque no hay una estadística fidedigna y nos manejamos con datos que vamos obteniendo desde el programa, estimamos que el porcentaje de gente con discapacidad en la provincia es un poco mayor que la media observada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de entre 7 y 10 por ciento", estimó.

El Programa de Rehabilitación coordina acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación para personas con dificultades sensoriales, como falta de visión o audición, problemas de motricidad y enfermedades mentales, viscerales, de riñón o respiratorias.

El cálculo de que el 12% de la población tiene alguna discapacidad surge del promedio entre el 10% de afectados en zonas rurales y el 13,9% que se verifica en el conurbano.

El mayor número de discapacitados del Gran Buenos Aires (1.457.088, sobre una población de 10.407.773) "obedece al mayor impacto de problemáticas como la contaminación, la marginación, el alcoholismo y la drogadicción", dijo Favre.
Adaptación

El programa está estructurado a través de una Red Asistencial de Rehabilitación en las 12 regiones sanitarias en que está dividida la provincia, y extendió unos 800.000 certificados de discapacidad para habilitar el acceso al pase libre en el transporte público, la eximición de impuestos -Rentas, por ejemplo- y la obtención de pensiones.

"También trabajamos en prevención, como la detección precoz en hospitales de patologías altamente discapacitantes, como la parálisis cerebral, que puede detectarse con un correcto seguimiento del embarazo", ejemplificó Favre. Si se trata de un menor discapacitado y alguno de sus padres tiene trabajo, el chico accede automáticamente a la cobertura médica provincial.

En cambio, si los padres no tienen empleo, el menor accede a una pensión y, a los 21 años, puede obtener un puesto laboral en virtud de la ley 10.592, que prevé que un 4% de los puestos de planta de todo organismo público se debe ocupar con personas discapacitadas. "Como sociedad, no estamos todavía a la altura de la ley y se requiere un seguimiento en los diferentes organismos públicos", dijo Favre.

En el caso de los adultos, el acceso a una pensión con obra social se obtiene cuando la incapacidad laboral es del 67 por ciento.

Las discapacidades más comunes entre los niños que se atienden en los centros de salud de la provincia son la parálisis cerebral, mielomeningocele (defecto de nacimiento en la columna vertebral y el conducto raquídeo), traumatismos craneoencefálicos, secuelas tumorales del sistema nervioso central, hemiplejias agudas y tortícolis.

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