La sociedad uruguaya es la más envejecida de América Latina. Mientras el promedio de mayores de 65 en el continente es de 6%, en nuestro país la cifra remonta a un 14%. Además de tener el doble de adultos mayores, los tenemos hace mucho más tiempo. Los demógrafos auguran que los demás países también están envejeciendo, pero lo que acá llevó 50 años, en el resto llevará 20.

En el mundo, con algunas pocas excepciones en África y Asia, está disminuyendo la tasa de fecundidad y aumentando la esperanza de vida. En Uruguay el fenómeno se acentúa con una tasa de emigración alta y constante.

Con más de medio siglo "envejecido", se podría pensar que nuestro país corre con la ventaja de haberse preparado institucional y culturalmente para ello.

Y en algunos aspectos es así. Un instituto que centralice la seguridad social de la población, como lo hace el Banco de Previsión Social (BPS), no se encuentra en el resto de América Latina. Una cobertura sanitaria prácticamente universal constituye otra fortaleza casi excepcional.

Sin embargo, en todos estos años el país no ha podido coordinar con efectividad las políticas dirigidas a la vejez, aún está definiendo cuál debe ser el organismo rector de esas políticas, y las leyes que se aprueban no se implementan.

Además de tener la más alta tasa de vejez del continente, Uruguay es el que más gasta en el adulto mayor. Según cifras del Programa de Investigación, Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica (Ipes), a mediados de esta década el país invertía un 60% del gasto público social en jubilaciones y pensiones, un 12% del PIB. En Europa la inversión en este rubro es apenas 9%.

Varios de los consultados para este informe advirtieron que no comparten la connotación negativa que implica decir que una sociedad envejecida presenta ciertos "costos". "El envejecimiento no es un problema", alegó el presidente del BPS, Ernesto Murro. "El gasto en el adulto mayor es una inversión, al igual que el gasto en juventud", dijo por su parte Adriana Rovira, encargada del Área de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Aún así, los costos que supone una sociedad envejecida son altos y falta quien los ordene y jerarquice. "A veces gastar no quiere decir hacer las cosas bien", considera al respecto la socióloga Mariana Paredes, responsable del Observatorio de Envejecimiento y Vejez de la Universidad de la República (Udelar).

Y plantea un escenario más extremo: "A partir de 2040, según las proyecciones demográficas, las personas mayores de 64 van a ser más que las menores de 15. Son dos rayas que se cruzan", explica Paredes. "Creo que la sociedad uruguaya no está preparada, ni para lo de hoy ni para lo que vendrá".

CANTIDAD NO ES CALIDAD. La sociedad uruguaya tampoco estaría preparada, en todo caso, para recibir grandes corrientes inmigratorias. Si bien en Uruguay "hay resistencia al viejo", dice Paredes, enfrentar una sociedad envejecida no supondría demasiados misterios. "Al viejo hay que darle seguridad económica, cobertura de salud, y un buen entorno", opina. Uruguay ha tenido iniciativas, en mayor o menor medida, en las tres áreas.

El 96% de la población mayor de 64 años recibe alguna prestación de seguridad social. Según Heber Galli, vicepresidente del BPS, eso posiciona al país como el de mayor nivel de cobertura de América Latina.

A menudo se afirma que el sistema de previsión social uruguayo colapsará, ya que la proporción de activos en relación a los pasivos es de dos a uno: poco más de un millón de trabajadores sustenta económicamente a los 700.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones. En la década de 1960 había cuatro activos cada un jubilado. La tendencia es clara.

Sólo en 2008 el presupuesto del BPS por prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia fue de unos 2.200 millones de dólares, de los cuales casi 90% se destinó a las jubilaciones y a las distintas pensiones que se otorgan.

Con todo, Galli prefiere evitar la "óptica fatalista". Ser una sociedad envejecida "supone desafíos muy importantes, sin duda, pero sin dramatismo", opinó. Agregó además que no cree en los colapsos, ya que "llegar a ese tipo de situación extrema hablaría de imprevisión o de un diseño de políticas inadecuado". El jerarca se refirió a los bajos niveles de informalismo laboral que se alcanzaron durante este gobierno y a la flexibilidad que se promovió para incluir a más trabajadores al sistema. De todas formas, reconoció que aún queda mucho por hacer.

La cobertura sanitaria de los adultos mayores también es prácticamente universal. Entre 1996 y 2007 entraron al seguro de salud unos 50.000 jubilados, y entre 2007 y 2008 -por la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (Snis)- ingresaron 22.000 más. Durante este gobierno se duplicó el gasto en salud. Según ha dicho la ministra María Julia Muñoz, los adultos mayores fueron grandes beneficiados de la reforma, ya que antes muchas instituciones los rechazaban. Las cápitas que se pagan por incluirlos son las segundas más altas, después de las asociadas a los recién nacidos.

De todas formas, el alto nivel de cobertura tanto en materia de seguridad social como de salud, no necesariamente implica calidad. Sixto Amaro, secretario general de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), informó que hay 30.000 jubilados que cobran la jubilación mínima, es decir, 2.916 pesos por mes. Todos ellos están bajo la línea de pobreza.

Y en cuanto a la salud, la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología reclama que la geriatría sea una prestación obligatoria para las instituciones de asistencia colectiva, ya que cobran seis cápitas básicas por los mayores de 74 años, y no se les exige como contrapartida una atención que contemple todas las patologías que aquejan a esa población.

La tercer área que mencionaba la socióloga Paredes, asociada a un "buen entorno", parece el punto más débil de atención a los adultos mayores. En ese concepto entra todo lo vinculado a la recreación, pero también a su representación social.

"Hay toda un área para trabajar, que creo que es el nudo de la cuestión, y tiene más que ver con lo cultural. Cambiar la idea de que ser viejo es horrible, que los viejos tienen que estar apartados", opina Paredes. "Sospecho que las políticas en este sentido no salen muy caras. Y creo que no se hace nada".

La Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), así como sus pares en los demás departamentos, tiene como cometido, justamente, la inclusión social de los adultos mayores. Para ello cuenta con un un millón de pesos anuales y un equipo de 14 personas. Ofrecen diversas actividades de recreación, como talleres de canto y paseos por la ciudad, además de cursos de informática y talleres educativos. Unos 50.000 ancianos cuentan con el "pasaporte dorado", una tarjeta de descuentos en actividades culturales y demás. Cerca de 200 personas asisten a los dos hogares diurnos municipales.

La coordinadora ejecutiva de esa secretaría, Susana Rodríguez, aseguró que entre la población destinataria de sus políticas "hay de todo, gente que trabaja o que está sola, de nivel socioeconómico alto, mediano y bajo".

Sin embargo, el 20% de los adultos mayores vive solo, y para ese sector las políticas no han sido efectivas, opina Paredes, que prefiere no hacer comentarios sobre la tarea que realiza la intendencia. "No hay políticas para los viejos solos. Cero. En ese tema de la integración, la soledad, y promover la participación del viejo, creo que hay muy poco", afirmó.

ACCIÓN NO ES COORDINACIÓN. Las intendencias no son las únicas que trabajan por la inclusión del adulto mayor en la sociedad. Si bien no se conoce con exactitud cuántas ONG se dedican a esta población, desde el Mides se asegura que son muchas y de variada índole. "En la sociedad civil organizada hay algunas de corte más reivindicativo, como la Onajpu, otras más recreativas, como la Universidad para la tercera edad, y las que realizan trabajo voluntario de otros tipos", explicó Rovira.

Nadie discute que haya gente involucrada y activa en esto de responder y atender a los más viejos. Lo que suele reclamarse es, más bien, que toda esa gente se coordine para no superponer recursos y esfuerzos. A nivel estatal se podría decir que casi todos los ministerios y unos cuantos organismos tienen algún programa vinculado al adulto mayor.

El Ministerio de Salud Pública, que por ley es el organismo rector de todas las políticas, tiene su Programa Nacional del Adulto Mayor (Pronam). En 2005 se redactaron 36 carillas de lineamientos a cumplir en el quinquenio. Para cada problema el programa planteaba una solución, en muchos casos proponiendo la creación de más organismos y unidades ejecutoras. La encargada del Pronam, Eugenia de Marco, reconoció que el programa no fue prioritario para este gobierno, si bien destacó los logros vinculados a la reforma de la salud.

El BPS se ocupa no sólo de todo lo relativo a la seguridad social, sino que además tiene préstamos, soluciones habitacionales, turismo social, entre otras cosas. El Mides cuenta desde 2007 con Inmayores, un área más que nada dedicada a la reflexión e investigación en torno a la vejez. La IMM tiene desde 1992 la Secretaría del Adulto Mayor.

Se podrían nombrar muchas iniciativas más: en Educación y Cultura, en Turismo y Deporte, en el Ministerio del Interior, en la Udelar. Pero como sucede a menudo en este país, la debilidad no es la intención, sino la eficacia.

Recién el año pasado se empezó a discutir la llamada "interinstitucionalidad". Aunque desde el MSP habían generado alguna instancia de este tipo, la tarea la tomó el Mides. Entre mayo y noviembre de 2008 se organizaron encuentros mensuales a los que llamaron "Primer debate nacional sobre políticas sociales, envejecimiento y territorio". El resultado es una publicación que será difundida en los próximos días.

El Instituto Nacional del Adulto Mayor es un organismo pensado desde esos ámbitos. Fue aprobado en el Senado hace menos de un mes y se espera que finalmente en ese instituto, que funcionará bajo la órbita del Mides, se alcance la coordinación de todas las políticas.

"El Mides ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Trataron de poner a dialogar a la gente de los distintos sectores. Empezaron tarde porque tenían otras prioridades", comentó Paredes.

Hace más de dos años la socióloga dijo al suplemento Economía y Mercado, de El País: "las políticas sociales vinculadas a la vejez son escasas y sectoriales, y no han logrado una coordinación general a nivel estatal". Hoy, si bien reconoce los avances, Paredes mantiene su opinión.

"Hay un montón de cosas que están aprobadas en la letra y que no se han llevado a cabo, que no se han podido ejecutar. La dispersión persiste. Lo del Mides, más allá de que dé resultados o no, recién está arrancando", concluyó.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL. En Uruguay viven 450.000 personas mayores de 65 y 560.000 que están arriba de los 60. Para todos ellos hay solamente 100 geriatras activos. Nadie discute que un niño deba atenderse con un pediatra, pero no hay suficientes médicos especialistas para los adultos mayores.

Más allá de que la geriatría no parezca la profesión más atractiva, y los salarios no se destaquen por cuantiosos, la paradoja salta a la vista. Y no es la única. Una reforma tributaria que prácticamente no contempla si un profesional tiene uno o cuatro hijos, desincentiva la fecundidad. El envejecimiento es irreversible, afirman los demógrafos, pero eso no significa que el país se resigne y no piense en su futuro.

"Hay que cambiar el paradigma de vejez. ¿Por qué nadie quiere ser viejo?", se pregunta Paredes, y se responde: "Porque se asocia a enfermedad, fragilidad, vulnerabilidad, dependencia. Pero hoy una persona a los 60 años, con los avances que hay, tiene 25 años más de vida". En ese sentido, la socióloga entiende que habría que "aprovechar a los viejos", hacer un "trabajo intergeneracional", y "que el viejo pueda seguir aportando aunque se haya jubilado".

No en vano se asocia vejez con patología. Según cifras de Salud Pública, el 30% de los adultos mayores padece enfermedades crónicas, 83% es sedentario, 50% tiene sobrepeso, 10% está deprimido, y otro 10% sufre alguna forma de demencia.

La ONG Género y Familia publicó este mes, a través de Trilce, el trabajo "Mesa de diálogo. Hacia un sistema nacional de cuidados". En un capítulo dedicado especialmente a la tercera edad, se afirma que la demanda de cuidados en Uruguay es muy superior a la población disponible para satisfacerla. El desfasaje todavía no es tan notorio porque hay una generación de mujeres mayores de 60 que responde a estas necesidades. Son, sobre todo, amas de casa que no se incorporaron al sistema de trabajo formal. Pero quedan pocas.

Con todo, los "viejos" en Uruguay tienen muy buena calidad de vida. Federico Rodríguez, coordinador del Ipes en la Universidad Católica, aportó a Qué Pasa los últimos datos sobre la situación del adulto mayor, elaborados en base a encuestas del Instituto Nacional de Estadística.

La tercera parte de esta población se hace chequeos médicos. Tres cuartas partes es propietaria de una vivienda. Sólo el 8% de los mayores de 65 se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que entre 0 y 14 años la cifra asciende a 40%. Un 12% es laboralmente activo, aunque de ese porcentaje la mitad no se jubiló, y la otra mitad está en el mercado informal.

Los dos candidatos presidenciales con más intención de voto son adultos mayores. José Mujica tiene 75 años, y Luis Alberto Lacalle, 68. El actual mandatario, Tabaré Vázquez, 69. Y probablemente ellos no se reconozcan como tales, porque la vejez está asociada a la pasividad. Las edades de los políticos resultan ilustrativas cuando se afirma que los adultos mayores aún tienen mucho para aportar a la sociedad.

Según Mónica Lladó, del Servicio de Psicología de la Vejez de la Udelar, sólo el 10% de esta población presenta un deterioro cognitivo o motor de gravedad. Para ella, el país está "desperdiciando a un 90% de viejos que es autoválido".

"El viejo también puede trabajar", afirmó por su parte Paredes. "Hay mucha política que tiende a sacarlo del mercado de trabajo, cuando habría que buscar alternativas para que pueda seguir aportando. Que no sea tan abrupto que de un día para el otro la gente se quede sin trabajar. ¿Quién te dijo que el viejo no es productivo? ¿Para qué tenerlo recluido en su casa?", reflexionó. "Hay un montón de viejos cuidando a sus nietos. Eso aporta a la madre que trabaja, por ejemplo".

El país que lleva más años envejecido, que tiene la tasa más alta de vejez del continente, y que más gasta en seguridad social, no se ha sentado a pensar cómo "aprovechar" a sus "viejos". No hay excusas; tiempo ha habido de sobra.

450.000
personas mayores de 65 años en Uruguay, lo que equivale a un 14% del total de la población uruguaya.

76
años es la esperanza de vida: 72 para los hombres y 79 para las mujeres. En 2050 será de 78 y 85 respectivamente.

2.200
millones de dólares destinó el BPS en 2008 a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia.

90%
de los adultos mayores es autoválido. Significa que no tiene ningún deterioro cognitivo o motor de gravedad.

Los adultos mayores maltratados
El 15 de junio fue el día mundial de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. En ese marco Naciones Unidas prepara una convención sobre los derechos del adulto mayor, para la cual Uruguay participa en conjunto con otros países de la región. En nuestro país, los adultos mayores son la población más maltratada. Al menos eso resulta de una encuesta realizada entre 2005 y 2006 por la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (Sugg) en base a 202 casos de personas atendidas en el Hospital Maciel, el Policial y en algunas mutualistas, y 100 denuncias registradas en el programa Adulto Mayor del Ministerio del Interior. Integrantes de la Sugg dijeron a El País en junio que esas son las únicas cifras que hay ya que el maltrato sucede en la órbita privada. Además el juez de Familia especializado, Dardo Nievas, dijo a este suplemento que son muy comunes los casos de hijos que violentan a sus padres cuando estos son ancianos.

Psicología en la vejez
El Servicio de Psicología de la Vejez, que funciona en la órbita de la Facultad de Psicología de la Udelar, tiene entre sus cometidos la asistencia a adultos mayores, gratuita para quienes no puedan pagarla. Mónica Lladó, su responsable, explicó que los motivos más recurrentes por los que consulta esta población tienen que ver con el relacionamiento de pareja, las relaciones intergeneracionales, las dificultades de apropiarse de un proyecto de vida propio, quiebres de salud y duelos. La soledad o los problemas económicos también suelen tratarse, pero no son motivos de consulta en sí mismos. Suelen surgir asociados con los mencionados anteriormente. El Servicio también ofrece un programa para que los adultos mayores se vinculen con otros de su edad, al que le llaman programa de comunidad. En esos ámbitos sí es más común que el motivo de asistencia sea un sentimiento de soledad, ya que a menudo buscan, justamente, compañía. En estos casos, dijo Lladó, se trata de que los ancianos puedan ver la soledad de una forma más "productiva". Participan de los programas entre 50 y 70 personas por mes.

Alojamiento alternativo
Las proyecciones demográficas no indican solamente que el envejecimiento de la sociedad es progresivo e inevitable. Auguran, además, que la cantidad de cuidadores potenciales de los adultos mayores irá disminuyendo. De 100 cuidadores cada 55 ancianos existentes en 1995, se pasará a 100 cuidadores cada 95 demandantes de estos servicios en 2025. Esto se asocia a un cambio en la estructura familiar y al ingreso de la mujer al mercado laboral, un fenómeno mundial.

Una reciente publicación de la ONG Género y Familia, que entre otras cosas analiza el sistema de cuidados del adulto mayor, afirma que la oferta de estos servicios es mucho menor que la demanda. Entre el 5 y el 7% de los adultos mayores -unas 25.000 personas- están alojados en lo que se llama instituciones de larga estancia, más conocidas como casas de salud. El 90% de esta población se encuentra en el sector privado con fines de lucro y 10% en instituciones no lucrativas públicas y privadas. La división Servicios de Salud, del Ministerio de Salud Pública, es la encargada de reglamentar y habilitar todos estos establecimientos. Por otro lado están los hogares diurnos municipales, de la sociedad civil o dependientes de Salud Pública. No se sabe con exactitud cuántos son, pero sí que los ancianos no tienen mucho interés en concurrir a ellos.

http://www.elpais.com.uy/suple/quepasa/09/09/26/quepasa_444001.asp