El incendio en un geriátrico cordobés el miércoles pasado, que provocó la muerte de seis pacientes, y sobre cuya habilitación total aún subsisten dudas, volvió a poner en escena el estado de las residencias que en todo el país albergan a más de 25 mil adultos mayores.
La Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos calcula que en la Argentina hay alrededor de 6000 geriátricos, de los cuales cerca del 25% no están habilitados. En la Ciudad de Buenos Aires, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo y la Escuela de Gerontología de la Universidad Maimónides, la situación es aún peor: cuatro de cada diez establecimientos funcionan de forma ilegal, sin cumplir ni con todas las exigencias edilicias ni con las pautas mínimas de atención. Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad de la ciudad, indicó que se trata de 450 establecimientos sobre un total de 1100 –que ascienden a 600 en situación irregular en todo el área metropolitana– en los que unos 5000 ancianos no están amparados por la Ley de Geriátricos. “Esa normativa se sancionó a partir de una inundación que mató a cinco abuelas de un geriátrico de la calle Superí, en 2002, y sólo se reglamentó en julio 2005, por la muerte de dos abuelas carbonizadas. La Ley 661 establece qué normas tienen que tener los geriátricos, entre ellas capacitación, y que haya un registro público. Hasta ese momento, había alrededor de 900 geriátricos. Cuando la ley empieza a ser operativa, quedaron 600. Esos 300 desaparecieron del control público pero no dejaron de ser geriátricos. Se clandestinizaron”, comentó Semino. La norma exige la visita periódica de, por lo menos, ocho profesionales especializados, algo que en los geriátricos ilegales nunca ocurre.
“En la Ciudad de Buenos Aires, casi cuatro de cada diez geriátricos no están reconocidos. Funcionan con desconocimiento de toda supervisión y de las autoridades”, aseguró René Knopoff, director de la Escuela de Gerontología de la Universidad Maimónides, que firmó un convenio con el gobierno porteño, por el cual ya se han capacitado a 20 mil cuidadores domiciliarios encargados de asistir y atender a adultos mayores. El especialista consideró que, en el último tiempo, “mejoraron las supervisiones”.
Una de las principales razones por la cual los abuelos van a parar a un geriátrico no legal es económica. Mientras uno “trucho” puede cobrar 1000 pesos (o incluso ofrecerle residencia al anciano a cambio de toda su jubilación), un prestador de PAMI no baja de los 3000 pesos, y uno privado “de lujo” maneja tarifas mayores a diez mil pesos mensuales.
Las diferencias entre uno legal y uno ilegal “son abismales”, remarcó Knopoff. “Pueden ser casas de familia que tengan hasta cinco viejos, a quienes cuidan personas sin ninguna formación. Si bien muchas veces el paciente va por su cuenta, a estos lugares es llevado por un familiar que desconoce las condiciones que debe tener un geriátrico, y que lo hace porque es más barato”, consignó.
Otro factor que incidió en el aumento de residencias clandestinas fue el dictamen, en 2002, de un decreto de emergencia sanitaria que exceptúa a las obras sociales de dar internación obligatoria. Hoy, la única que interna es PAMI. “Las otras se escudan en este decreto y no dan internación geriátrica; la tiene que pagar el propio paciente o la familia, y entonces deriva hacia el circuito clandestino”, explicó Semino.
En muchos casos, se trata de casas en las que se recibe a personas mayores a cambio de un alquiler menor al “legal”, pero sin contar con especialistas ni enfermeras. Carecen de nombre y fachada, no cuentan con autorización municipal y tienen un médico “de cabecera” que va sólo si hay un problema.
Semino contó que reciben “dos denuncias por semana de geriátricos truchos, hechas por vecinos o particulares”. La principal falencia es la ausencia de camas disponibles ante una demanda cada vez mayor. El defensor de la tercera edad subrayó que “de los cuatro hogares públicos, hay dos (Rawson y San Martín) que tienen disminuida su cantidad de camas porque están con obras de remodelación paradas hace tres o cuatro años”. Según estimó, habría “alrededor de 200 camas que podrían habilitarse”, y mientras tanto, los “hogares de tránsito, parroquias, Ejército de Salvación, se encuentran desbordados”.
Los especialistas coincidieron en que las principales irregularidades del sistema clandestino son: hacinamiento, falta de infraestructura en pisos antideslizantes, baños sin la suficiente amplitud y protección, falta de barandas, barreras arquitectónicas no adaptadas, pasillos pequeños donde es difícil la evacuación, cantidad de abuelos en una misma habitación que no respeta el “cubaje” (es decir, un mínimo de 13 metros cuadrado por abuelo), y las deficiencias tanto cuantitativas como cualitativas del personal de atención. La Defensoría del Pueblo denuncia hace años la falta de inversión en el sector. “Muchas obras se hincaron en la campaña electoral, y después quedaron paradas al asumir Macri, por conflicto con las empresas”, afirmó Semino.
La Agencia de Control Gubernamental (ACG) de la ciudad, creada hace dos años y medio, lleva inspeccionados más de 500 geriátricos. “Más que clausurar, intentamos primero prevenir, aclararles lo primero que deben tener en regla. Focalizamos en instalaciones eléctricas, cables expuestos, estufas eléctricas, que son un peligro, y las alfombras”, indicaron a este diario desde la ACG.
La entidad clausuró más de 50 establecimientos el año pasado, lo que trajo aparejado un segundo problema: dónde derivar los internos. “No se pueden sacar a los abuelos a la calle, en la ciudad está colapsado el sistema”, admitieron desde la ACG, y agregaron que “lo que se puede hacer es impedir el ingreso de más ancianos, pero no se pueden cerrar”. Esto mismo le sucedió al PAMI, que dio de baja 20 prestadores el año pasado, y aún debe lidiar con las demandas no satisfechas de casi 1600 adultos mayores en lista de espera.
“Es complejo. Una penalidad ante una falta grave es no mandarle nuevos internados. Una segunda: descontarle plata, que también es un problema porque recae sobre los mismos internos, dándoles menos comida o menos enfermeros. Y otro inconveniente es que el geriátrico no cumple todas las normativas, pero el viejo se hizo todos sus amigos ahí. Entonces, no lo podés sacar de un día para otro”, indicaron desde la entidad.
Este año, la ACG penalizó a 30 geriátricos. “Bajó la cantidad de clausuras, hay más conciencia de los propietarios”, aseguraron. Entre los sitios inspeccionados, encontraron más de 15 casas usadas como geriátricos, principalmente en Almagro, Caballito y Flores. Pero a diferencia de la Defensoría de la Tercera Edad, la ACG estimó que de 800 geriátricos, sólo unos 40 son truchos. Sin embargo, en la Web del gobierno porteño figuran “actualizadas” 530 residencias, de las cuales, 179 no comenzaron el trámite de habilitación, sólo 340 están registradas y otras 11 están en trámite.
“Evacuaciones hay permanentemente”, indicó Semino, dando el ejemplo de una en Villa del Parque, el año pasado. “Te encontrás con abuelos escarados, desnutridos, y a veces deshidratados.”
Knopoff consideró que “no es la primera alternativa internar a un adulto mayor en un geriátrico, porque es sacarlo de su vida cotidiana, amputarle toda la vida anterior, y eso crea grandes desequilibrios. Es una necesidad para no más del 3% de los mayores de 60 años”, que en la ciudad son 690 mil.
“Se los esconde. Pero por más que vos los controles o que haya denuncias, si no hay alternativa de camas públicas, vuelven al sistema clandestino. Si se cierra un lugar, y no hay otro, ¿adónde van a ir?”, se preguntó Semino. <

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